De un tiempo a esta parte nos hemos acostumbrado a que los parlamentos de este país (el nacional y los autonómicos) se hayan convertido en una especie de ring de boxeo, donde algunos representantes políticos utilizan sus tribunas para insultar a sus rivales. La tensión que se respira en cualquier pleno provoca incidentes (más o menos graves) que luego tienen una enorme repercusión en los medios de comunicación, dejando arrinconados los debates importantes sobre nuevas leyes o propuestas de mejoras en la sanidad o en la educación, solo por poner algunos ejemplos.
Aquí, en Aragón, que durante décadas hemos sido un ejemplo de parlamento dialogante y respetuoso, ya no podemos presumir de ello. Esta legislatura, con ocho partidos representados en la cámara, las cosas han cambiado mucho y hemos importado la tensión y la crispación de otros sitios. Para nuestra vergüenza.
Lo triste es que esa crispación no genera más votos ni más argumentos: tan solo ruido de fondo y desafección ciudadana.
Durante el pasado periodo de sesiones previo a las vacaciones estivales, hemos podido contemplar jornadas e intervenciones bochornosas. Un ejemplo lo tenemos cuando el portavoz de VOX, Alejandro Nolasco, perdió el decoro y el respeto que merece la institución y sus ‘rivales’ políticos, y escucharle decirle al diputado de Podemos, Andoni Corrales, que no tiene nivel suficiente o que es «deprimente» y rebaja el nivel de la cámara, creo que actuaciones como esa no deben ser consentidas.
Ha llegado el momento de poner el freno y denunciar estas actitudes, que lo único que hacen es ofrecer una imagen lamentable del noble arte del parlamentarismo.
Porque lo grave no es solo el insulto puntual o cuando se te va de las manos un encendido debate, sino el precedente que sienta si no reculas y pides perdón, algo que se le pidió a Nolasco y no quiso hacer. Al final, eso se normaliza y a nadie le escandaliza.
Cuando la bronca se convierte en hábito, la política pierde la capacidad de ser instrumento de transformación social. Y si los ciudadanos dejan de creer en la política, ese vacío lo ocupará el populismo incendiario, las redes sociales como tribunal único y el espectáculo como única forma de conseguir votos.
Lo que logró Nolasco ese día fue, paradójicamente, unir a seis de los ocho partidos con representación en la cámara autonómica —PSOE, CHA, Aragón–Teruel Existe, PAR, Podemos e IU— exigiendo a la presidenta de las Cortes, que curiosamente es de su mismo partido, que no vuelva a tolerar palabras denigrantes, insultos ni salidas de tono. Una unión inédita que debería servir de aviso: el hemiciclo no es un cuadrilátero, sino el espacio donde se construyen políticas públicas.
Porque dentro del debate político hay espacio para el humor, los choques argumentales y las disputas acaloradas, pero siempre manteniendo el respeto y la educación. Hay líneas rojas que no se deben traspasar: la honra de las personas electas, la dignidad de la representación y la defensa, por encima de todo, de la institución misma.
Si queremos recuperar la confianza de la ciudadanía, necesitamos que los portavoces que debatan lo hagan con rigor, con datos y sin perder un ápice de compañerismo parlamentario. Hay muchos que lo hacen, pero siempre tiene más altavoz el que se salta estas reglas.
Quedan dos años de legislatura —si no se adelantan elecciones— y conforme nos acerquemos a 2027, la tensión se elevará. Los partidos tomaremos posiciones de cara a la cita electoral y seguro que los debates se encenderán todavía más. Esa pugna no es mala: la confrontación de ideas es lo que nos permite vivir en una democracia.
Lo realmente perjudicial es que esos debates se conviertan en un festival de improperios. Gritar e insultar no convence al votante, solo cansa a quien lo escucha.
Es hora de exigir responsabilidades claras: quien falte al respeto o convierta la tribuna en un altavoz de descalificaciones debe saber que enfrentará sanciones ejemplares. No podemos tolerar que el insulto se normalice como táctica electoral, porque cada agravio erosiona la credibilidad del parlamento y alimenta la desafección ciudadana.
Si no somos capaces de recuperar la cortesía institucional y sancionar a quienes la quebrantan, habremos fallado a quienes depositaron su confianza en nosotros y habremos allanado el camino al espectáculo chabacano en lugar del debate serio que la sociedad demanda y merece.